La política nacional de población contempla una adecuada política de migración en el territorio de acuerdo al ordenamiento territorial y a los objetivos de protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Los Gobiernos Municipales están encargados de, en el marco de sus atribuciones y competencias, promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y crear los mecanismos necesarios que permitan el acceso de la población a zonas en condiciones urbanizables, dando preferencia a los sectores de bajos ingresos económicos.
La planificación de la expansión territorial y espacial de las ciudades, dentro del ordenamiento territorial regional, debe incorporar la variable ambiental.
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